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¿La hora de la Justicia, al fin?

Nadie duda acerca de que la Justicia debe desplegar en sus procedimientos extremada cautela y que la presunción de inocencia respecto de cualquier acusado debe ser uno de los principios básicos de su forma de actuar. Pero nadie se llama a engaño, en nuestro país, acerca del sustrato delictivo en el que con harta frecuencia se han bañado muchos elementos de la clase dirigente, elementos que han podido casi siempre eludir el castigo que merecían sus delitos gracias a ese principio y a los somnolientos procederes tribunalicios que hicieron que sus causas traspusiesen el umbral de la prescripción. Es por esto que no se puede evitar una sensación de alivio frente a la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien el martes, a seis años del inicio de las investigaciones, clausuró la instrucción de las causas por el presunto reparto de coimas en el Senado de la Nación, con lo cual creó las condiciones para elevar el caso a juicio oral y público. Se pone en marcha así un engranaje que no debe detenerse. De los muchos escándalos en que fueron pródigos los 12 años que van de 1989 a 2001, la causa de los sobornos en el Senado para hacer pasar la ley de reforma laboral concebida por el gobierno de Fernando de la Rúa representó, si no el hecho más oscuro y criminoso, sí el más deleznable en cuanto vulneración desvergonzada de los mecanismos que deben sostener la estructura institucional de la República. Ello porque al parecer involucró a un resorte básico del Gobierno nacional, como es su central de inteligencia, la Side; al ministro de Trabajo de aquel momento y, según testimonios recogidos en la causa, a una serie de legisladores, uno perteneciente al partido radical y el resto a la que por entonces era oposición justicialista, que habrían sido partícipes del delito de cohecho activo o pasivo: los primeros habrían actuado para facilitar la compra de los votos de los segundos, a fin de que estos inclinasen con su sufragio la sanción de una ley que suscitaba una encarnizada oposición de parte de las organizaciones sindicales. En un segundo plano quedaba la anuencia que podría haber prestado el mismo presidente de la República a un plan de contornos oscuros, que suponía un paso más hacia la total desvalorización de las instituciones. Es muy probable que las cosas hubieran quedado así si no fuera por el vendaval popular de diciembre de 2001, que hasta cierto punto desarticuló la trama de las complicidades en que incurría la clase política y precipitó una toma de conciencia de parte de ésta, toma de conciencia que de alguna manera, con imperfecciones y tropiezos pero con bastante continuidad, derivó en una reforma parcial de la Justicia. Ahora nos enfrentamos a la necesidad de echar luz sobre los episodios más emblemáticos de la corrupción que impregnara a aquel período. Luz y castigo, pues no basta con la sola dilucidación de los casos para comenzar a borrar la sensación de indefensión que afecta a la ciudadanía luego de tantos años de impunidad. Llevar la causa de los sobornos en el Senado hasta sus últimas consecuencias podría significar un aporte de confianza de gran valor para la recuperación del sentido de la integridad moral de parte de los argentinos. Si bien muchos protagonistas de la escandalosa década de 1990 han escapado a las mallas de la Justicia, es hora de que ese estado de cosas se revierta. Sea a partir de la reapertura de las causas en las que sea posible hacerlo, sea a través de la prosecución de los procesos pendientes, agotando los recursos para evitar que estos prescriban. No sólo la causa de los sobornos en el Senado se encuentra en esta situación. Hay otras, entre las cuales la determinación de las responsabilidades en el asesinato de Regino Maders nos toca de cerca como cordobeses, en las cuales es necesario esforzarse para impedir que las triquiñuelas legales bloqueen el paso de la justicia. Ayer, parece haberse dado un paso importante con la decisión de decidir que el imputado ex legislador radical Luis Medina Allende sea juzgado como presunto autor intelectual del crimen mediante el sistema de jurados populares. Sin perder de vista la plena vigencia del sistema de garantías que acuerda la ley, convendrá exigir de la Justicia la agilidad que se requiere para que tenga expedito el paso.